Dr. Enrique V. Muñoz Pérez, co-director del Centro de Estudios Migratorios e Interculturales, Universidad Católica del Maule.
La semana pasada, la presidenta Michelle Bachelet envió al Congreso Nacional el muy esperado proyecto de ley migratoria, denominado “Nueva ley de migraciones” (Mensaje N°124-365). La iniciativa legal, que será discutida con suma urgencia por los parlamentarios, va acompañada de un presupuesto que asciende, en régimen, a $192.835 miles de millones de pesos (Informe Financiero. Proyecto de Nueva Ley de Migraciones, pág.3).

Este es quizás el punto más polémico del proyecto de ley enviado por la Presidenta: ¿se justifica “gastar”, dirán algunos, semejante cantidad de dinero en los migrantes y no en los chilenos?, ¿por qué, dirán otros, “gastar” en este tema si el país tiene otras necesidades en el ámbito de la salud, la educación, la vivienda o las pensiones? La respuesta a estas preguntas no es meramente económica, sino que ética y humana.

Cualquier análisis económico sostendrá que nuestro país, que no es un país desarrollado, tiene un conjunto de otras necesidades que financiar; se dirá también que Chile está teniendo desde hace unos años un crecimiento económico lento o que la tasa de cesantía está incrementándose.

Todas estas cuestiones pueden ser ciertas, pero también es cierto que el estado chileno ha permitido el ingreso y la regularización de migrantes, de manera sostenida desde los años 90, por lo que debe darles las condiciones y las posibilidades para que ellos sean un aporte al país o, dicho de otra manera, debe reconocer legalmente el fenómeno migratorio.

Por consiguiente, lo que está detrás del proyecto de ley migratoria es, sin duda alguna, una inversión más que un gasto. Es una inversión en seres humanos que dejaron sus países y que han encontrado en Chile la esperanza de un futuro mejor. Y esta es una cuestión ética, no económica que nos hace un mejor país.

Incluso, para aquéllos que legítimamente quieran ver en este proyecto de ley un mero “gasto”, habría que refutarles diciendo que el Estado chileno está previniendo una situación: hoy la migración en Chile no es un problema, pero si el Estado chileno no hace nada y no invierte en migración puede llegar a ser un problema. Es decir, si la migración no se regulariza, se deja el espacio abierto a las arbitrariedades que ya acontecen respecto del trabajo, arriendo o acceso a la salud de los migrantes; si la migración no se ordena, las políticas estatales pueden ser poco efectivas porque no se conoce el número de los migrantes o su ubicación; por último, si la migración no es segura, queda abierta la puerta a las mafias que trafican y, de hecho, ya lo hacen, con personas. Por ello es necesario invertir en este tipo de política pública.

No obstante, lo anterior, hay un punto que quisiera subrayar y que me parece central: una ley migratoria también tiene un alcance ético y humano. Un país como Chile, que vivió recientemente una violación sistemática a los derechos humanos fundamentales, debe ser especialmente sensible con garantizar los derechos humanos y sociales de los chilenos y de los migrantes.

Dicho de otra forma, porque nosotros como país supimos lo que no es reconocer los derechos fundamentales a nuestros propios compatriotas, rectificando ese camino, debemos acoger a aquel o aquella que viene a nuestro país y darle el estatus legal que le corresponde. Como sostiene el proyecto de ley, invertir en la migración no es otra cosa que reconocer “el valor de la migración para el Estado (…) en todas sus dimensiones”, (Proyecto de Ley, pág.16).